Lorena Putero:  Economista. Investigadora del Cemop

En una primera aproximación al concepto de economía social hoy podemos encontrar, bajo un mismo paraguas, a ONG, empresas recuperadas, organizaciones sociales y un sinnúmero de actores sociales. Esta situación no sorprende porque se halla encuadrada dentro de un campo semántico en construcción o, incluso, en disputa. Sin embargo, lo que confunde es la diversidad ideológica de estos actores. Para comenzar a marcar la cancha de juego identificaremos aquí dos grandes grupos: por un lado, las organizaciones que se encuentran construyendo el significado de este término a través de la búsqueda de un cambio en lo injusto de las estructuras sociales y, por otro, las que en este debate ven una nueva oportunidad de retomar su batalla contra las políticas de Estado y bregar por su desmantelamiento.

En los noventa comenzaron a aparecer, en los documentos de los organismos internacionales como el Banco Mundial, la promoción de políticas públicas y programas que incluían la participación ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil (OSC), promoción que llegaba acompañada con financiamiento. La propuesta se fundamentaba en la idea de que las OSC serían más eficientes, en relación con costos e impactos sobre la comunidad por estar cerca del territorio y por sus orígenes filantrópicos, en lugar del Estado bobo y burocrático. De este modo, las OSC se constituyeron en una herramienta más para lograr el anhelado objetivo de hacer retroceder la intervención del Estado y dejar todo en manos del mercado mientras que los efectos de las políticas del neoliberalismo quedaban en manos de quienes las sufrían: la propia sociedad civil.

Bajo ese lema es que se gesta la idea de lo que algunos autores denominan la autogestión de la pobreza. Los pobres, única población destinataria de estas acciones, deberán participar de la gestión de sus problemas, y las OSC son las que las acompañarán en ese proceso en el cual descubrirán sus capacidades. Así, algunas funciones del Estado, como garante de derechos –el trabajo, por ejemplo–, las realizarán ahora OSC y el derecho se perderá en la nebulosa de la subcontratación, pasando a depender de la buena voluntad de los participantes de las organizaciones. De tal modo, se comienza a visualizar el crecimiento de programas de microemprendimiento y microcréditos para resolver el problema del trabajo o la contratación de asociaciones civiles para tareas educativas como talleres de formación. La economía social queda, así, definida como un subsector donde aquellos que no supieron integrarse a la economía formal podrán tener su oportunidad de hacerlo en una economía para los pobres.

En el extremo opuesto demarcamos las concepciones latinoamericanas de economía social, popular o solidaria que, con distintos matices conceptuales, enuncian y trabajan por otra manera de producir. Dentro de estas corrientes, el primer punto a resaltar es que todas comparten una postura crítica frente al sistema capitalista, por lo tanto, el fin último no es el alivio de la pobreza, sino un cambio en las estructuras sociales una vuelta a pensar la política y la economía juntas. El objetivo no es el derrumbamiento del Estado sino su renovación a través de más democracia. Así plantean la necesidad de políticas públicas participativas y de recuperar las políticas universalistas, es decir, hacia la sociedad en su conjunto.

La democratización se refiere a abrir espacios en el Estado, promover más participación ciudadana planteando la apertura como un eje de eficiencia. Estas acciones pueden verse en actividades como los presupuestos participativos que hoy se llevan adelante en el municipio de San Miguel. entre otros municipios, o en experiencias con más años de trayectoria como en la ciudad de Porto Alegre, Brasil, desde el triunfo del PT a finales de los ’80. O el caso de las primeras experiencias de políticas públicas en Argentina que se llevan a cabo por mesas de trabajo donde se encuentran OSC y el Estado, como sucede en el Consorcio de la provincia de Buenos Aires que funciona bajo esta lógica con programas de microcréditos que son pensados como una herramienta que permite la construcción de una economía con otras lógicas.

Este, que es un debate necesario para definir líneas de acción dentro de estas arenas, muchas veces se pierde en la vorágine de la práctica y es normal que así sea. Lo que será vital para el futuro de la economía social que busca alzar su mirada hacia un horizonte de mayor inclusión e intervención es no perder de vista las diferencias en relación con el lugar del Estado, su democratización o su destrucción. Un punto que nos alerta a pensar sobre qué es lo que hay detrás de las propuestas de los organismos internacionales que promueven más participación.

Lorena Putero
:: Economista. Investigadora del Cemop (Fundación Madres de Plaza de Mayo)